Precaria la situación para los adultos mayores en Puerto Rico
Gladys Córdova Delgado, 78 años
Por: Génesis Dávila Santiago
A sus 78 años, camina hasta una panadería cerca de su casa para desayunar. Allí, solía llevarla su esposo antes de morir, hace apenas nueve meses. En aquel lugar del pueblo de Yabucoa, Gladys Córdova Delgado acabará su desayuno y pasará unas horas mientras piensa en él, hasta que “algo” la ayuda a levantarse y a continuar con su vida.
Llevaban 61 años de casados. Ahora, lo más difícil que se le hace enfrentar en su diario vivir es la soledad, a pesar de que —según ella— no vive sola, sino “con Dios y la Virgen”.
Cuatro meses atrás, el gobierno de Puerto Rico, con la misión de unificar las enmiendas en una sola legislación y de mejorar el bienestar de los adultos mayores, derogó la ley pasada y modificó, bajo el mismo nombre, la Ley de las Personas de Edad Avanzada. Con este cambio, toda persona de 60 años o más tendría derecho a servicios de seguridad, salud, transporte, nutrición y apoyo para la integración social, buscando así mejorar la vida de la población mayor.
Para lograr este objetivo, en el 2018, se le asignaron 54 millones de dólares al Departamento de la Familia, pero este presupuesto no es suficiente para atender las necesidades de este sector que compone el 20% de los puertorriqueños, según el presupuesto publicado por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.
Sin titubear, la Procuradora de Edad Avanzada, Carmen Sánchez Salgado, afirmó lo innegable: “Hay más población (de adultos mayores) que servicios disponibles… el gobierno no se preparó”.
Responsabilidad familiar
Mientras tanto, en el barrio Mariana de Humacao, un hombre de 62 años pasa los días luchando con la misma soledad que Córdova Delgado, aun cuando vive con sus dos hermanos. “Es casi como si no estuvieran aquí… La misma familia no visita a uno, la misma familia no viene. Es más, ni llaman teniendo el número de teléfono”, comentaba con desilusión.
José Lugo Velázquez, 62 años
Contrario a la viuda, José Lugo Velázquez no puede caminar largas distancias porque le falta una pierna y debe dializarse cada dos días. Aparte de sus citas médicas, no visita otro lugar, pues la falta de transporte, prácticamente, lo mantiene aislado, a pesar de que la ley también garantiza este derecho.
Como posible solución, el gobierno asignó la responsabilidad de estas personas a sus familiares.
En el caso de Lugo Velázquez, es su hermana quien lo lleva a las citas médicas, pero según él, se ve obligado a pagarle porque si no es así, no tiene cómo llegar. Reconoce que su mayor necesidad es un carro, pero su situación económica no se lo permite.
Por su parte, Córdova Delgado tiene seis hijos y, aunque solo una se encuentra en la isla, asegura que recibe el apoyo de cada uno de ellos.
Para los adultos mayores, la ayuda familiar es fundamental, pues el 34% de ellos vive bajo el nivel de pobreza, de acuerdo con la procuraduría. No obstante, los servicios gubernamentales que ofrecen no van encaminados a eliminar la desigualdad social porque el escenario económico del gobierno no lo permite.
Tomada del Perfil Demográfico de la Oficina del Procurador
Los servicios no son suficientes
Según Sánchez Salgado, la procuraduría ofrece servicios de fiscalización durante situaciones de maltrato; ayuda a cuidadores; y apoyo económico, transporte, nutrición, entre otros; pero solo dirigidos a instituciones que se dediquen a ayudar a los adultos mayores y no a individuos directamente.
Como otra forma de garantizar el cumplimiento de los derechos, el gobierno de Puerto Rico aseguró en la ley que se comunicaría con las entidades sin fines de lucro para que prestaran los servicios restantes a la población mayor.
Aun así, la entidad sin fines de lucro con mayor número de años trabajando en Puerto Rico lucha por mantenerse con vida. Según su directora ejecutiva, Zoraida Vega de Rodríguez, este año “Esperanza para la vejez” perdió 31 millones de dólares en fondos y tampoco recibió comunicación del gobierno después de que se firmara la nueva ley.
Vega de Rodríguez reconoce que “la soledad es la epidemia del siglo 21” para las personas de edad avanzada, pero, por su situación económica, su entidad no puede hacer más que limitar sus ayudas a los adultos mayores que deseen integrarse como voluntarios y a los que pertenezcan a los cuatro centros de cuidado que subsisten en la isla.
Personas como Córdova Delgado y Lugo Velázquez, que viven en pueblos remotos y carecen de transporte, permanecen, entonces, en una calle sin salida.
De acuerdo con la trabajadora social Astrid Santiago Orria, muchas veces la necesidad de esta población se debe a la falta de conocimiento que tiene sobre las ayudas existentes.
No obstante, situaciones de depresión, caídas, o aislamiento no figuran entre los servicios que promueve el gobierno porque, según la profesional, la mayoría de las ayudas se dirigen a las personas con diagnósticos de enfermedades graves.
La única solución para este dilema, según Santiago Orria, corresponde a que cada individuo se comprometa a visitar y ayudar a las personas de 60 años o más que vivan a su alrededor. Un solo gesto de compasión al mes puede disipar el sentimiento de soledad que desgasta lentamente la vida de los adultos mayores.
